El Estado: la pandemia del desalojo

Palabras como “invasión”, “abuso” o “recuperación de predios” eran los que usaban los medios el pasado 28 de octubre del presente año para referirse al desalojamiento masivo  que hubo por parte de la fuerza bruta del estado hacía más de 620 familias que residían en el sector de Iane, en la frontera con Brasil. Leticia, Amazonas. 

Desde el 11 de septiembre la comunidad tomó como territorio las 7 hectáreas administradas por parte de las políticas de desarrollo y control de la institución  Sociedad de Activos Especiales S.A.S. quienes al enterarse de la situación le exigieron al estado rápidamente la  inspección para reconocer en qué estado se encontraban los espacios y el pronto restablecimiento real y material del inmueble hacia la entidad. Posteriormente, organizaciones indígenas y de otros sectores populares establecieron canales de comunicación en los que exigían el apoyo de los organismos de derechos humanos, como de los representantes de la alcaldía municipal para una solución estatal mediante  un plan de reasentamiento y protección de sus derechos. respuesta que jamás llegó.

Se conoce que dentro de estas familias existen algunas pertenecientes a comunidades indígenas, las cuales terminaron siendo víctimas de la violencia represiva ejercida por más de 150 hombres del ESMAD (escuadrón móvil asesino), quienes en la denominada operación “SAE: predio de siete (7) hectáreas invadido en Leticia” hicieron uso de gases lacrimógenos sin percatarse de que habían personas de la tercera edad y menores de edad, quienes fueron los que más recibieron afectaciones respiratorias. Además, que durante los enfrentamientos por parte de la comunidad en la defensa del territorio y las fuerzas del estado por el desplazamiento forzado de los predios, resultaron 3 personas que perdieron la vida. 

Finalmente, a causa de la represión y la poca defensa con la que contaba la comunidad no hubo más acto que la sumisión  ante el plegue de las fuerzas militares y se dispusieron a abandonar los predios de manera voluntaria. 

Una vez más, es evidente no solo la ausencia de estado si no también la vulneración del derecho a la vida por parte de la policía, quien en su que hacer legal debería velar por la seguridad de la población, pero aquí en Colombia, matar, desplazar, represar, violar, asesionar, despojar no es delito cuando es el estado quien lo hace. 

Desde hace un tiempo conocemos la existencia de la sentencia que regula cualquier acto que vulnere la vida por parte de las fuerzas militares en la protesta social, pero acaso estas situaciones son una excepción? Cualquier protesta por la lucha de la dignidad, la vivienda y la vida es válida, debe ser respetada y desde el actuar coherente y eficiente del estado la práctica de sus políticas de desarrollo e implementación de restauración de viviendas debería ser lo más viable si realmente procurará el bienestar de lxs individuxs.  

La defensa de la vida no es solo un derecho, es una prioridad que prima en el ámbito de un bienestar social y cultural. la significacion del territorio para las comunidades indígenas no radica únicamente en una ubicación para vivir, si no que desde sus raíces ancestrales el cuidado y la preservación de sus recursos  es esencial en su forma de vida. les brinda la estabilidad que ningún otro sitio les puede brindar.  ¿Hasta qué punto es capaz de primar los intereses económicos antes que el derecho a una vivienda digna?, o hasta qué punto la violencia será la primera alternativa antes que el diálogo, la responsabilidad y el cumplimiento del estado para con las comunidades? , todas estas incógnitas son las que surgen de manera más frecuente cuando vemos todo tipo de denuncias públicas y la magnitud que tiene esta para replantearnos el papel que realmente cumplen las “máximas” autoridades. 

Estamos segurxs que por más despojos que se realicen, o más hombres repriman al pueblo lo único que no perderá su verdadero sentido  será la resistencia de los pueblos, aquella que por cada muerte y por cada lucha cada día recobra más vida y transmite esa fuerza a la legítima lucha.