Paz con (I)legalidad
A cerca de tres años de promulgada la política de Paz con Legalidad y la promesa de “derogar la justicia especial para la paz” el presidente Ivan Duque Marquez presenta los resultados de dos años de política. En sentido estricto la política de Paz con legalidad busca
“Garantizar que se repare a las víctimas, sobre la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias en proceso de sustitución de cultivos ilícitos, que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad. Además, lidera que en los territorios más afectados por la violencia se inicie el camino hacia la estabilización definitiva” (Ivan Duque Marquez, 2018)
Sin embargo, su promesa le ha causado reclamos, odios y amores. Por un lado, la corriente más radical del uribismo le ha exigido cumplir a dicho compromiso. Por otro lado, la izquierda, los partidos de centro y las víctimas le han exigido, por el contrario, cumplir con los Acuerdos de Paz. En el caso del gobierno actual, todo parece indicar que terminará el mandato sin lo uno, ni lo otro.
No obstante, “El tema no es si el presidente quiere o no la paz, sino que dice: -soy el Gobierno de la paz con legalidad-, pero en tres años de gobierno se han realizado seis reformas constitucionales y más de 100 normas y leyes estatutarias en el Acuerdo. Por consiguiente el balance de la implementación de esta política demuestra la gran desconexión del gobierno no sólo en términos del Acuerdo de Paz sino también con las víctimas y la realidad histórica del país. Como si fuera poco, se demuestra la incoherencia entre los discursos, acciones y resultados del presente gobierno.
En definitiva la Paz con Legalidad no ha cumplido sus objetivos, como pretende hacer ver el gobierno, en los últimos tres años varios son los episodios de una historia indignante. La gran mayoría se dieron en el marco de la emergencia social, económica, emocional y ecológica en donde el abuso de poder y la corrupción utilizaron las mismas estrategias como oportunidad de acumulación de poder, recursos económicos creando redes y alianzas, sin importarles los derechos humanos incluso en tiempos de pandemia.
Sobre la Política de paz con legalidad especialmente en el ítem de víctimas se debe dar prioridad de acuerdo con la ley, lo que hace a las responsabilidades indemnizatorias frente a las víctimas, es en gran parte un asunto de la Justicia, sin embargo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desde septiembre de 2018 hasta julio de 2020, 573 líderes sociales han sido asesinados.
La cifra va aumentando y parece que el presidente no ha despertado, no hay garantías y se siguen inventado paños de agua tibia en términos de planes de protección, pero es mentira, no hay voluntad política que demuestre que hemos avanzado, Así estos tres años del mandato de Duque terminan con la insistencia gubernamental de seguir implementando la Paz con legalidad. Ahora mi pregunta es ¿Aùn queda alguna duda sobre la débil legitimidad de este gobierno que cada dia esta mas distante de los ciudadanos para los que dice gobernar?
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